jueves, 28 de diciembre de 2017

¿Qué nos dejó el 2017?

Está a punto de terminar el 2017, que pasará como uno de los años más convulsionados en la historia del país.

Firmado el acuerdo de paz, a finales de 2016, esperábamos que el país entrará en otra tónica distinta a la de ver miles de muertos y ataques por parte de la guerrilla. Y aunque el acuerdo de la Habana permitió reducir el número de muertos por esa violencia, que es una buena noticia, la paz lejos de unirnos y nos dividió más.

Es increíble pero así fue. Más allá del resultado del plebiscito por la paz que creíamos superado, este año la división creció y el país se polarizó. La implementación de los acuerdos en el congreso desnudó esa realidad y prácticamente puso a tambalear el proceso.

En conclusión y a pesar de todo, la paz no tuvo un buen 2017 así se haya producido la dejación de armas, la reincorporación  a la vida civil de los guerrilleros y su ingreso a la política. Y no fue un buen año para la paz no sólo porque los proyectos de ley y de reforma constitucional para  la implementación no fueron aprobados en su totalidad, sino porque muchos sapos que se supone habríamos de tragarnos resultaron tan grandes que el pueblo colombiano no sólo no se los tragó sino que los cuestionó.

De otro lado, y terminada parcialmente la guerra, Colombia asistió a uno de los capítulos más oscuros y vergonzosos de su historia. La corrupción hizo su aparición en todo su esplendor.

Por ejemplo, el caso de ODEBRETCH que salpicó a congresistas, a funcionarios del gobierno (así santos haya tratado de minimizar su impacto) y a empresarios.  Fue una rueda que comenzó a andar y aunque las investigaciones avanzan quedan muchos resultados por conocer.

Y que decir del cártel de la toga. La sal se corrompió. Y lo único que una sociedad no puede tolerar ni aceptar, es que los encargados de impartir justicia sean corruptos. Ese es un límite al que no debió llegarse, pero sucedió.

Y en este escándalo resultaron envueltos magistrados de las altas cortes, y para ser más específicos, de la Corte Suprema de Justicia. Pero además están  involucrados abogados, congresistas y otros cuantos más.

2017 sin duda marcará una página única en la historia del país. Que nos deparará el 2018? Sabrá Dios. Pero en todo caso será un año que genera muchas expectativas. Se nos vienen unas elecciones también históricas, como quiera que por primera vez participan las FARC desarmadas, desmovilizadas y en tránsito hacia la consolidación de un proceso que aún deja dudas.

Ojalá hayamos aprendido algo porque si seguimos por la senda que vamos el país seguirá inevitablemente hacia el despeñadero.

Y como para atizar el fuego el Presidente Santos nos dejó dos frases para cierre el año: Colombia tiene una enfermedad mental que solo le permite ver las noticias malas y calificó a detractores y críticos  del proceso de paz como "traumatizados".  No creo que eso ayude mucho en la reconciliación entre los colombianos, al contrario, hace que la hoguera crezca y de pronto el presidente termine  más chamuscado en las encuestas.

Así termina el año... 


Caricatura: Ricky


viernes, 1 de diciembre de 2017

¿Un nuevo conejo?



En un hecho que trajo a la memoria lo sucedido el 2 de octubre del año pasado cuando el NO ganó el plebiscito para la refrendación popular de los Acuerdos de la Habana, el Gobierno Nacional “revivió” la Reforma Constitucional que crea las 16 Circunscripciones Especiales para la Paz que garantiza el mismo número de curules para las víctimas en la Cámara de Representantes, aunque para el Senado el proyecto se hundió.
 
Todo comenzó cuando el Secretario del Senado, Gregorio Eljach dio a conocer cómo quedó la  votación: “El resultado según el registro electrónico es el siguiente: por el SI, 49 votos electrónicos un voto manual del Senador Gerlein, 50 por el SI y 7 por el NO, no se cumplen los requisitos que establece la Constitución…” y la sesión continuó con los siguientes puntos en el orden del día por orden del presidente de la Corporación Legislativa Efraín Cepeda.


Congresistas del Centro Democrático, así como varios senadores de los partidos Liberal y Conservador celebraron el hundimiento del proyecto. Durante la discusión del proyecto argumentaron que las 16 curules previstas para las víctimas del conflicto quedarían realmente en manos de sus victimarios, las fuerzas políticas tradicionales, grupos armados ilegales y el narcotráfico, entre otros. 


 En las toldas del gobierno y de su coalición reconocieron la derrota. El Ministro del Interior Guillermo Rivera declaró: “Un grupo de senadores le falló a la paz en Colombia. Esta es una afrenta contra las víctimas. El Congreso tenía un compromiso de Estado que cumplir y lo ha incumplido. Deploro al grupo de senadores que votaron negativamente, a los que no quisieron votar y a quienes votaron la JEP, pero no este proyecto, porque lo que hicieron fue borrar con el codo lo que hicieron con la mano”.


Mientras tanto el Senador Armando Benedetti en su cuenta de Twitter escribió: “La conciliación de Circunscripciones Especiales de Paz fue una pena para el gobierno. Las conclusiones son que la implementación fracasó y que Colombia no tiene premio nobel de paz”, Roy Barreras hizo lo propio: “Pido al gobierno en nombre de las 8 millones de víctimas y de quienes firmamos esta paz que provea las curules de paz por estado de excepción!”.


Después de hundido el proyecto surgió un salvavidas. Inicialmente Roy Barreras Barreras expuso la tesis según la cual la mayoría absoluta se debía decidir sobre 99 senadores y no sobre 102, cifra legal que compone a dicha corporación teniendo en cuenta la silla vacia aplicada por la captura de los congresistas Musa Besaile, Bernardo Ñoño Elías y Martín Morales. De inmediato trino: “¡Ojo! ¡Alerta! El quórum de víctimas no era sobre 102 sino sobre 99. ¡Sí se aprobaron las curules de las víctimas!”.


Más tarde el gobierno acogió esa teoría y así se lo hizo saber el Ministro del Interior en su cuenta: “La Corte en sentencia C-784/14 definió de manera clara cómo se configura la mayoría absoluta cuando hay miembros impares en congreso, como en este caso con los actuales miembros del @SenadoGovCo. Mayoría absoluta es frente a los integrantes del @SenadoGovCo , hoy solo hay 99 senadores habilitados. La mayoría son 50 votos, es decir se aprobaron las #CircunscripcionesDePaz”.


Para confirmar esa tesis, radicó una carta dirigida a la Mesa Directiva del Senado en la que relacionó  las  sentencias de la Corte Constitucional (la C-784 de 2014 y la SU221 de 2015) en las que se explica cómo se conforman las mayorías cuando el número de integrantes de la corporación es impar, como sería el caso actual del Senado. En términos matemáticos, la mitad de un número impar es un número decimal.


 “Lo relevante para constatar el porcentaje de la mayoría es que ésta agrupe más de la mitad de los votos. En consecuencia, cuando la mitad aritmética es un número con decimal, la mayoría la constituye el número entero superior”. Para fortalecer dicho argumento, también se acudió a la definición de mayoría absoluta que contempla la Ley Quinta de 1992 (o Reglamento del Congreso), que determina que “la decisión es adoptada por la mayoría de los votos de los integrantes”. Según esa teoría, la mitad de 99 es 49,5. Aproximando dicha cifra al número siguiente, da 50 votos.  A pesar de ese argumento, la aprobación del proyecto se mantiene en vilo por cuanto una decisión solo se tomará la próxima semana. 


Mientras tanto, los detractores de las circunscripciones mantienen su posición sobre su hundimiento. Entre otras razones porque la sentencia referida no aplica a este caso por cuanto la Corte Constitucional se refería a la verificación de mayorías en las comisiones del congreso y no en las plenarias y porque, en ese fallo no se señala que la silla vacía permite reducir la mayoría necesaria para aprobar un proyecto. En su concepto el proyecto no se salvó.


Al tiempo que señalan que debe haber una distinción entre quórum y mayoría.  Quorum es el número de personas presentes en una reunión. Mayoría quienes integran la totalidad de la corporación. Citan para el efecto la Reforma al Equilibrio de Poderes que establece que en caso de aplicarse la silla vacía se afecta el quorum de la corporación y no las mayorías requeridas para aprobar un proyecto. “Para efecto de conformación del quorum se tendrá como número de miembros la totalidad de los integrantes, es decir, se refiere a quorum y no a mayoría”, por lo que se debería aplicar el artículo 375 de la Constitución Política que se refiere a la mitad más uno. Si aplicamos lo dicho Senado es claro que ese número es de 52 y no de 50. Esto significa que se hundió.


Hay que tener en cuenta, además, que en la sesión plenaria del Senado del 21 de noviembre pasado, la conciliación del proyecto tuvo 38 votos a favor y 16 en contra, es decir ya había sido rechazada. 


Así las cosas, no hay que darle más vueltas al asunto, las 16 circunscripciones de paz no fueron aprobadas y es necesario pensar en otras alternativas. ¿Por qué no pensar en otorgarlas directamente a las víctimas como sucede con las curules a las Farc (10)? ¿Por qué tiene que ser mediante elección?  Ese si sería un verdadero reconocimiento a las víctimas estar en igualdad de condiciones de sus victimarios. 

martes, 26 de septiembre de 2017

Dejar las mezquindades



Se abre paso y esperamos que no sea un sueño frustrado, la construcción del metro de Bogotá. Por más de 60 años hemos tenido que vivir con una falsa ilusión, con anuncios, maquetas, animaciones y cheques sin fondos, pero el anuncio del Consejo de Política Económica y Social, CONPES de declarar a la primera línea del metro de Bogotá como ‘de importancia estratégica’ abre la posibilidad, esperamos real, a que esta vez, por fin, la ciudad contará con esta importante obra.


No hay más márgenes de espera, no puede haber más ilusiones perdidas, este es el momento no sólo porque el documento CONPES abre una ventanita sino porque es una necesidad. Se requiere de su construcción para brindarle a los usuarios una alternativa que complemente el actual esquema de manera que se incluya a los articulados de Transmilenio y el Sistema Integrado de Transporte Público, SITP. 


Aunque el anuncio es positivo, no faltan quienes lo ponen en entredicho. Lamentablemente son sectores que durante los últimos tres gobiernos en Bogotá, no solo no hicieron sino que ahora no quieren dejar hacer. Son posiciones mezquinas y, en algunos casos, politiqueras.


El argumento es que no hay estudios que soporten la construcción del metro elevado y sustentan su posición en que la administración Petro si tenía los estudios para que este fuese subterráneo. Planeación Nacional fue claro en advertir que el CONPES fue aprobado porque la compañía Systra contratada por la Financiera de Desarrollo Nacional hizo un estudio socioeconómico que permitió determinar la viabilidad del proyecto.


Ese operador de fama mundial y experto en temas de metros tuvo en cuenta variables como la reducción en tiempos de desplazamiento, reducciones en accidentalidad, reducciones en contaminación para conceptuar que el metro elevado no solo era viable sino que frente al metro subterráneo era económicamente más factible debido a la devaluación de la tasa de cambio que generaba costos potencialmente adicionales. Se concluyó que, en esas condiciones, de construirse el proyecto anterior solo alcanzaría hasta la calle 53 y no hasta la 100 como estaba previsto.


De manera que la viabilidad del proyecto existe y así lo determina el estudio al que nos referimos anteriormente. Ya se surtieron dos pasos fundamentales: las aprobaciones del CONFIS y el CONPES, solo falta que el Concejo de Bogotá apruebe las vigencias futuras para que la Nación y el Distrito firmen el convenio de cofinanciación que de vía libre a la apertura de la licitación. 


Este proceso debe surtirse antes del 11 noviembre fecha en la que entra en vigencia la ley de garantías. Esperamos que el Concejo no sea inferior a su responsabilidad y no se convierta en una talanquera que ponga en riesgo la ejecución de esta necesaria obra que podría iniciarse en el 2019 y demorar unos cinco años. Tal como lo prevé la ley el Gobierno Nacional deberá financiar el 70% del proyecto, es decir, 9.09 billones de pesos, mientras que el Distrito pondrá el 30% restante equivalente 3.86 billones de pesos. El costo total de la obra es de 12.94 billones de pesos.


Según el documento CONPES de los 12,94 billones, 6,93 billones serán para las obras civiles, el viaducto, el patio taller y vías. El costo del material rodante se estimó en 3,93 billones de pesos y la gestión social y de predios, en 1,43 billones. El traslado anticipado de redes de servicios se calcula en 291.237 millones de pesos y la interventoría, en 366.391 millones de pesos.


El metro elevado tendrá en su primera fase  una extensión de 23,96 kilómetros y contará con 15 estaciones, 10 de ellas integradas a Transmilenio e iría desde la Avenida Villavicencio hasta la calle 72 con Avenida Caracas. Se trata de un proyecto que complementará la red de Transmilenio a la que se sumarán próximamente las troncales de la Avenida 68, la Avenida Boyacá y la Avenida Ciudad de Cali y el Sistema Integrado de Transporte, SITP.


Bogotá requiere con urgencia un sistema eficiente de transporte público  y el metro es un aporte importante en ese propósito. No podemos actuar en este momento con mezquindades ni oportunismos politiqueros tratando de desvirtuar un proyecto necesario bajo el supuesto de que la propuesta del anterior gobierno de Bogotá era mejor. 


Se ha dado un paso fundamental con el documento CONPES no desaprovechemos esa oportunidad. La ciudad no aguanta más promesas, ni estudios, ni maquetas, ni frustraciones. Es hora de unirnos en torno a una obra que debe contribuir a solucionar el problema de movilidad en la ciudad, pero sobre todo para mejorar el servicio a los usuarios.

jueves, 24 de agosto de 2017

¿Bienes o burla de las Farc?

Las 8 millones 504 mil 127 víctimas que dejan más de 60 años de violencia en Colombia están a la espera de que se haga realidad uno de los puntos más importantes del acuerdo de paz con las Farc: la reparación que se debe surtir no sólo con recursos del Estado sino de los provenientes de los bienes entregados por esa guerrilla desmovilizada, cuya relación ya fue entregada al Gobierno Nacional, pero que ha despertado una enorme indignación por lo que se incluyó en el listado.

Antes de profundizar sobre la relación de bienes entregada por las Farc que parece más una burla que un deseo de contribuir eficazmente a la atención de las víctimas, creo que es importante recordar que mediante el Decreto 903 del 29 de mayo de 2017 el gobierno buscó dar cumplimiento efectivo a la reparación a las víctimas.

El Decreto estableció que el inventario definitivo de sus bienes y activos debía ser entregado dentro del término o plazo acorde con la fecha de terminación de la existencia jurídica de las Zonas Veredales Transitorias de Normalización, ZVTN, y de los Puntos Transitorios de Normalización, PTN.

Ese proceso se surtió el pasado 31 de julio documento entregado a la ONU como estaba previsto con una relación de  bienes y recursos patrimoniales monetizados y no monetizados. Con los recursos provenientes de ese inventario  se creará un patrimonio autónomo del Departamento Administrativo de la Presidencia que alimentará el Fondo de Víctimas a través del cual se adelantará el proceso de reparación.

Hasta ahí todo parece estar bien. Sobre el papel esta entrega de bienes contribuiría a atender las víctimas, teniendo en cuenta, además, que el propio gobierno ha advertido que no hay recursos suficientes para reparar integralmente a estas personas. No hay que olvidar que se requieren más de 54 billones de pesos para cumplir con este programa en el periodo 2012 a 2022.

Y que sin se afecte la entrega de este inventario, la Fiscalía continuó con las acciones encaminadas a detectar los bienes de las Farc tanto en Colombia como en el exterior, como el caso de Costa Rica, donde se encontraron lujosas casas y haciendas que pertenecerían al exnegociador en los diálogos de paz 'Pablo Catatumbo' o miles de inmuebles urbanos y rurales, automotores, dinero, ganado, empresas, establecimientos de comercio valorados en billones de pesos.

De acuerdo con la Fiscalía, el documento contiene además inmuebles rurales de las Farc representarían 241.560 hectáreas, pero no entregaron un solo folio de matrícula inmobiliaria. Los predios fueron identificados únicamente por los nombres: “Casa Verde”, “La Chocolata”, “El Naranjal”, “Los Tempranos”, entre otros.  Relacionaron solo placas o Registro Único Nacional de Tránsito de 49 vehículos.  Reportaron cabezas de ganado vacuno, equino, búfalos, ganado ovino y ganado caballar, sin embargo, la información no permite identificar estos animales.

Las Farc también inventariaron “confiscaciones a la mafia”, por un valor de 29.325 millones de pesos, pero carecen de título jurídico para enajenar bienes porque no entregaron matrículas inmobiliarias ni su ubicación. Incluyeron una casa de lata de 2.000 hectáreas o “un fundo confiscado a Evelio mafioso, 150 hectáreas”.

Fueron reportados 3.753 kilómetros de vías que no son enajenables por tratarse de infraestructura y porque pudieron haber accedido a bienes de la Nación para su construcción.

Como mencionamos anteriormente se incluyeron tratamientos médicos como 2 cirugías umbilicales, por valor de 3 millones de pesos, dos extracciones de vena varices, por valor de 1.600.000 pesos, 1 cirugía de hernia epigástrica, una ligación de vena de la nariz, un paciente tratado por el golpe de una vaca, una extracción de acceso en una oreja, una cirugía de cavidad de pene a un joven.

En el inventario fueron incorporados miles de utensilios y materiales, entre los que se incluyen traperos, escobas, botas, pocillos, exprimidores de naranja y limón, vasos, carretillas, sartenes, sal de frutas, talcos y hasta “platicos”, entre otros, así como bienes que están en procesos de extinción de dominio, avaluados en 1.723 millones de pesos.

Al justificar esta exótica lista, el abogado de las Farc Enrique Santiago dijo en Caracol Radio que la obligación de reparar a las víctimas es del Estado, y  que este documento es el cumplimiento del compromiso de la guerrilla de aportar todos sus recursos “y eso han hecho. Nunca tuvieron una contabilidad centralizada, muchos de los bienes estaban controlados por personas que murieron y no se tiene conocimiento de donde están”. http://caracol.com.co/programa/2017/08/24/6am_hoy_por_hoy/1503579159_897869.html


Si lo que entregaron no se puede monetizar para reparar a las víctimas ¿se trata de un inventario real? ¿Son esos los únicos bienes? ¿Es una estrategia para hacerle trampa a las víctimas? ¿Se burlan de las víctimas? ¿Pretenden jugar al gato y al ratón para que sea el Estado el que detecte esos bienes que estarían en manos de testaferros?  

(Caricatura: Ricky)









                                                                                                         (Caricatura MHEo)  

martes, 25 de julio de 2017

Constituyente dictatorial

Una parte del pueblo venezolano acudirá este domingo a las urnas para votar la Constituyente convocada por el Presidente Maduro, quien ha reiterado que mantiene la jornada electoral a pesar de los resultados del Plebiscito realizado hace cerca de dos semanas y que tuvo más de 7 millones 600 mil votos en contra de su realización.

La Constituyente Chavista que elegirá 545 delegados, se llevará a cabo en medio de una grave crisis política y económica, y de las protestas contra el gobierno de Maduro que dejan más de un centenar de muertos en cuatro meses. Manifestaciones que se agudizarán esta semana con el llamado a un boicot cívico contra la Constituyente.

El paro nacional de 48 horas fue convocado por la oposición para protestar, además, por el arresto de Ángel Zerpa, uno de los 33 magistrados nombrados para una corte paralela por parte de la Asamblea Nacional. En un nuevo desafió a la Asamblea Nacional Venezolana Maduro amenazó, en alocución televisada, con detener a todos los magistrados elegidos: “esta gente que nombraron, usurpadores que andan por ahí. Todos van a ir presos, uno por uno, uno detrás de otro. Todos van a ir presos y a todos les van a congelar los bienes, las cuentas y todo, y nadie los va a defender”.

Y fue más allá al decir que si las elecciones fueran hoy el Chavismo volvería a ganar las elecciones presidenciales. Si así fuera por qué en lugar de votar la Constituyente que pretende perpetuarlo en el poder mediante la redacción de una Constitución ajustada a su medida dictatorial, convoca a elecciones generales.

Se trata de un mecanismo ciertamente popular pero ilegitimo como quiera que en el plebiscito del 16 de julio el 98% de los votantes le dijeron no a la Constituyente. Los candidatos Maduristas proponen entre otras cosas elevar a rango constitucional la lealtad a la revolución, la congelación de precios y el poder de las "comunas" sobre alcaldías y gobernaciones; dotar a los consejos comunales de poder de decisión sobre la producción de las fábricas y establecer tribunales populares para juzgar a los políticos son algunas de las propuestas de los candidatos. Sin duda es afianzar el Socialismo del siglo XXI.

Para sumarle un nuevo ingrediente a la polarización en Venezuela fue revelada una encuesta en la que el número de venezolanos que está en contra de ese proceso va en aumento. La encuesta flash de la firma Datanálisis publicada en el portal web ProDavinci, señaló que un 83,4% de los venezolanos considera innecesario modificar la Constitución de Venezuela de 1999, un 66,5 por ciento la rechaza y un 73 por ciento preferiría ser convocado a unas elecciones generales.

El 16 de julio la Mesa de la Unidad Democrática, MUD logró una victoria contundente pero no suficiente. Y no lo es porque el régimen de Maduro desconoció los resultados, con lo cual mantuvo la convocatoria a la Constituyente y porque, aunque se trató de un mecanismo de participación ciudadana basado en la propia constitución venezolana, las autoridades electorales chavistas, tampoco validaron el proceso.

Internamente sucedió lo que estaba previsto, una victoria del plebiscito simbólico y un régimen que desconoció los resultados. Pero más allá de lo que sucedió dentro de la propia Venezuela, no hubo una reacción de la comunidad internacional que validara lo sucedido y ejercer una presión real frente a Maduro y su gobierno.

Aunque el presidente de EEUU, Donald Trump y la alta representante de la Unión Europea, Federica Mogherini, amenazaron con aplicar "fuertes medidas económicas" contra Venezuela si se impone la Constituyente, esto no ha sido suficiente como tampoco el rechazo que han expresado la OEA y varios países de la región.

Es el momento de tomar medidas reales y contundentes. La comunidad internacional no pude seguir pasando de agache ante la situación. La oposición no debe seguir sola en este esfuerzo por recuperar la democracia y devolverle la grandeza a la Venezuela que hace unos cuantos años era una potencia en América Latina. 

martes, 20 de junio de 2017

Radicalismos peligrosos

Lo sucedido con el atentado terrorista en el Centro Comercial Andino desnudó nuevamente lo que somos como colombianos. Desde hace unos cuantos años el país está dividido entre Uribistas y Santistas, entre los amigos de la paz y los enemigos de la paz, entre la derecha y la ultraderecha. Los términos medios desaparecieron en esta absurda visión de lo que sucede a nuestro alrededor.

En lugar de una solidaridad frente al acto criminal, las redes sociales se inundaron de mensajes de odio por parte de uno y otro bando, no se salvó ninguno. Sin importar quien arrancó con la andanada de odios las redes sociales se llenaron de mensajes en contra o a favor del gobierno, en contra o a favor de los uribistas.

Da tristeza que apenas se conoció sobre lo ocurrido, con los heridos apenas llegando al hospital, con el balance parcial de personas fallecidas y sin que las autoridades tuvieran la certeza de los autores del atentado, el país ya estaba en una discusión absurda. Las redes se iban llenando de palabras en las que se destilaba toda la pobredumbre posible.

Hubo quienes pidieron de inmediato la renuncia del Presidente Santos y adelantar las elecciones previstas para mayo del próximo año. Otros acusaron al gobierno de ser responsable como efecto de las negociaciones de paz con la guerrilla. Unos cuantos más salieron a decir que fue la ultraderecha y se atrevieron a señalar que era una acción con el sello del expresidente Uribe.

Y así se nos fue pasando la tarde noche del sábado, cientos de mensajes, miles de palabras con culpas ajenas y la solidaridad quedó en un segundo plano. Lo importante culpar a alguien o presumir quien era responsable. Nos olvidamos de las tres mujeres que murieron y de los heridos. Lo importante era utilizar políticamente el hecho. Volvió a salir lo que somos desde hace unos cuantos años: amigos o enemigos de la paz.

Aunque  hasta el momento no se sabe quién o quiénes fueron los autores del atentado criminal, el Presidente Santos ya ha hablado de indicios serios de los responsables. Esperamos que pronto se conozcan los resultados de las investigaciones, que quienes lo cometieron sean capturados, pero sobre todo que la verdad, sea cual sea, no sea utilizada políticamente. Lo importante es que estos hechos no queden en la impunidad.

El espectáculo en las redes sociales fue deprimente, los dos bandos en que se encuentra dividido el país quisieron sacar réditos propios y mientras tanto los que no pertenecemos a uno u otro quedamos a la espera de que los familiares de las víctimas y la sociedad entera tengamos pronto los resultados de las pesquisas y una respuesta concreta sobre quienes fueron los responsables de tan lamentable hecho.

Lo que sí es claro es que un hecho terrorista como el del CC Andino merece todo el repudio. No es posible que personas inocentes se sigan convirtiendo en víctimas del absurdo y la locura de unas mentes perversas. En eso no puede haber términos medios. Deberíamos unirnos como nación, repudiar lo sucedido y exigir acciones concretas para castigar a los responsables.

A quienes han cuestionado las negociaciones de La Habana no se les puede calificar de enemigos de la paz; a quienes respaldan los acuerdos no se les puede calificar de amigos del terrorismo. Ni lo uno ni lo otro. No todos los que se han opuesto ni los que han apoyado los diálogos son militantes de algún partido o movimiento político. Muchos de los que votaron SI o NO en el plebiscito por la paz lo hicieron por convicción personal. De manera que matricular a alguien como amigo o enemigo de la paz es un despropósito.



Todos tenemos derecho a opinar o a tener una posición distinta sobre lo que sucede en Colombia, pero por eso no ser descalificados. Los radicalismos peligrosos deben ser rechazados; las diferentes ideas y opiniones deben ser respetadas.



Caricatura: Betto 
(El Espectador)