martes, 26 de septiembre de 2017

Dejar las mezquindades



Se abre paso y esperamos que no sea un sueño frustrado, la construcción del metro de Bogotá. Por más de 60 años hemos tenido que vivir con una falsa ilusión, con anuncios, maquetas, animaciones y cheques sin fondos, pero el anuncio del Consejo de Política Económica y Social, CONPES de declarar a la primera línea del metro de Bogotá como ‘de importancia estratégica’ abre la posibilidad, esperamos real, a que esta vez, por fin, la ciudad contará con esta importante obra.


No hay más márgenes de espera, no puede haber más ilusiones perdidas, este es el momento no sólo porque el documento CONPES abre una ventanita sino porque es una necesidad. Se requiere de su construcción para brindarle a los usuarios una alternativa que complemente el actual esquema de manera que se incluya a los articulados de Transmilenio y el Sistema Integrado de Transporte Público, SITP. 


Aunque el anuncio es positivo, no faltan quienes lo ponen en entredicho. Lamentablemente son sectores que durante los últimos tres gobiernos en Bogotá, no solo no hicieron sino que ahora no quieren dejar hacer. Son posiciones mezquinas y, en algunos casos, politiqueras.


El argumento es que no hay estudios que soporten la construcción del metro elevado y sustentan su posición en que la administración Petro si tenía los estudios para que este fuese subterráneo. Planeación Nacional fue claro en advertir que el CONPES fue aprobado porque la compañía Systra contratada por la Financiera de Desarrollo Nacional hizo un estudio socioeconómico que permitió determinar la viabilidad del proyecto.


Ese operador de fama mundial y experto en temas de metros tuvo en cuenta variables como la reducción en tiempos de desplazamiento, reducciones en accidentalidad, reducciones en contaminación para conceptuar que el metro elevado no solo era viable sino que frente al metro subterráneo era económicamente más factible debido a la devaluación de la tasa de cambio que generaba costos potencialmente adicionales. Se concluyó que, en esas condiciones, de construirse el proyecto anterior solo alcanzaría hasta la calle 53 y no hasta la 100 como estaba previsto.


De manera que la viabilidad del proyecto existe y así lo determina el estudio al que nos referimos anteriormente. Ya se surtieron dos pasos fundamentales: las aprobaciones del CONFIS y el CONPES, solo falta que el Concejo de Bogotá apruebe las vigencias futuras para que la Nación y el Distrito firmen el convenio de cofinanciación que de vía libre a la apertura de la licitación. 


Este proceso debe surtirse antes del 11 noviembre fecha en la que entra en vigencia la ley de garantías. Esperamos que el Concejo no sea inferior a su responsabilidad y no se convierta en una talanquera que ponga en riesgo la ejecución de esta necesaria obra que podría iniciarse en el 2019 y demorar unos cinco años. Tal como lo prevé la ley el Gobierno Nacional deberá financiar el 70% del proyecto, es decir, 9.09 billones de pesos, mientras que el Distrito pondrá el 30% restante equivalente 3.86 billones de pesos. El costo total de la obra es de 12.94 billones de pesos.


Según el documento CONPES de los 12,94 billones, 6,93 billones serán para las obras civiles, el viaducto, el patio taller y vías. El costo del material rodante se estimó en 3,93 billones de pesos y la gestión social y de predios, en 1,43 billones. El traslado anticipado de redes de servicios se calcula en 291.237 millones de pesos y la interventoría, en 366.391 millones de pesos.


El metro elevado tendrá en su primera fase  una extensión de 23,96 kilómetros y contará con 15 estaciones, 10 de ellas integradas a Transmilenio e iría desde la Avenida Villavicencio hasta la calle 72 con Avenida Caracas. Se trata de un proyecto que complementará la red de Transmilenio a la que se sumarán próximamente las troncales de la Avenida 68, la Avenida Boyacá y la Avenida Ciudad de Cali y el Sistema Integrado de Transporte, SITP.


Bogotá requiere con urgencia un sistema eficiente de transporte público  y el metro es un aporte importante en ese propósito. No podemos actuar en este momento con mezquindades ni oportunismos politiqueros tratando de desvirtuar un proyecto necesario bajo el supuesto de que la propuesta del anterior gobierno de Bogotá era mejor. 


Se ha dado un paso fundamental con el documento CONPES no desaprovechemos esa oportunidad. La ciudad no aguanta más promesas, ni estudios, ni maquetas, ni frustraciones. Es hora de unirnos en torno a una obra que debe contribuir a solucionar el problema de movilidad en la ciudad, pero sobre todo para mejorar el servicio a los usuarios.

jueves, 24 de agosto de 2017

¿Bienes o burla de las Farc?

Las 8 millones 504 mil 127 víctimas que dejan más de 60 años de violencia en Colombia están a la espera de que se haga realidad uno de los puntos más importantes del acuerdo de paz con las Farc: la reparación que se debe surtir no sólo con recursos del Estado sino de los provenientes de los bienes entregados por esa guerrilla desmovilizada, cuya relación ya fue entregada al Gobierno Nacional, pero que ha despertado una enorme indignación por lo que se incluyó en el listado.

Antes de profundizar sobre la relación de bienes entregada por las Farc que parece más una burla que un deseo de contribuir eficazmente a la atención de las víctimas, creo que es importante recordar que mediante el Decreto 903 del 29 de mayo de 2017 el gobierno buscó dar cumplimiento efectivo a la reparación a las víctimas.

El Decreto estableció que el inventario definitivo de sus bienes y activos debía ser entregado dentro del término o plazo acorde con la fecha de terminación de la existencia jurídica de las Zonas Veredales Transitorias de Normalización, ZVTN, y de los Puntos Transitorios de Normalización, PTN.

Ese proceso se surtió el pasado 31 de julio documento entregado a la ONU como estaba previsto con una relación de  bienes y recursos patrimoniales monetizados y no monetizados. Con los recursos provenientes de ese inventario  se creará un patrimonio autónomo del Departamento Administrativo de la Presidencia que alimentará el Fondo de Víctimas a través del cual se adelantará el proceso de reparación.

Hasta ahí todo parece estar bien. Sobre el papel esta entrega de bienes contribuiría a atender las víctimas, teniendo en cuenta, además, que el propio gobierno ha advertido que no hay recursos suficientes para reparar integralmente a estas personas. No hay que olvidar que se requieren más de 54 billones de pesos para cumplir con este programa en el periodo 2012 a 2022.

Y que sin se afecte la entrega de este inventario, la Fiscalía continuó con las acciones encaminadas a detectar los bienes de las Farc tanto en Colombia como en el exterior, como el caso de Costa Rica, donde se encontraron lujosas casas y haciendas que pertenecerían al exnegociador en los diálogos de paz 'Pablo Catatumbo' o miles de inmuebles urbanos y rurales, automotores, dinero, ganado, empresas, establecimientos de comercio valorados en billones de pesos.

De acuerdo con la Fiscalía, el documento contiene además inmuebles rurales de las Farc representarían 241.560 hectáreas, pero no entregaron un solo folio de matrícula inmobiliaria. Los predios fueron identificados únicamente por los nombres: “Casa Verde”, “La Chocolata”, “El Naranjal”, “Los Tempranos”, entre otros.  Relacionaron solo placas o Registro Único Nacional de Tránsito de 49 vehículos.  Reportaron cabezas de ganado vacuno, equino, búfalos, ganado ovino y ganado caballar, sin embargo, la información no permite identificar estos animales.

Las Farc también inventariaron “confiscaciones a la mafia”, por un valor de 29.325 millones de pesos, pero carecen de título jurídico para enajenar bienes porque no entregaron matrículas inmobiliarias ni su ubicación. Incluyeron una casa de lata de 2.000 hectáreas o “un fundo confiscado a Evelio mafioso, 150 hectáreas”.

Fueron reportados 3.753 kilómetros de vías que no son enajenables por tratarse de infraestructura y porque pudieron haber accedido a bienes de la Nación para su construcción.

Como mencionamos anteriormente se incluyeron tratamientos médicos como 2 cirugías umbilicales, por valor de 3 millones de pesos, dos extracciones de vena varices, por valor de 1.600.000 pesos, 1 cirugía de hernia epigástrica, una ligación de vena de la nariz, un paciente tratado por el golpe de una vaca, una extracción de acceso en una oreja, una cirugía de cavidad de pene a un joven.

En el inventario fueron incorporados miles de utensilios y materiales, entre los que se incluyen traperos, escobas, botas, pocillos, exprimidores de naranja y limón, vasos, carretillas, sartenes, sal de frutas, talcos y hasta “platicos”, entre otros, así como bienes que están en procesos de extinción de dominio, avaluados en 1.723 millones de pesos.

Al justificar esta exótica lista, el abogado de las Farc Enrique Santiago dijo en Caracol Radio que la obligación de reparar a las víctimas es del Estado, y  que este documento es el cumplimiento del compromiso de la guerrilla de aportar todos sus recursos “y eso han hecho. Nunca tuvieron una contabilidad centralizada, muchos de los bienes estaban controlados por personas que murieron y no se tiene conocimiento de donde están”. http://caracol.com.co/programa/2017/08/24/6am_hoy_por_hoy/1503579159_897869.html


Si lo que entregaron no se puede monetizar para reparar a las víctimas ¿se trata de un inventario real? ¿Son esos los únicos bienes? ¿Es una estrategia para hacerle trampa a las víctimas? ¿Se burlan de las víctimas? ¿Pretenden jugar al gato y al ratón para que sea el Estado el que detecte esos bienes que estarían en manos de testaferros?  

(Caricatura: Ricky)









                                                                                                         (Caricatura MHEo)  

martes, 25 de julio de 2017

Constituyente dictatorial

Una parte del pueblo venezolano acudirá este domingo a las urnas para votar la Constituyente convocada por el Presidente Maduro, quien ha reiterado que mantiene la jornada electoral a pesar de los resultados del Plebiscito realizado hace cerca de dos semanas y que tuvo más de 7 millones 600 mil votos en contra de su realización.

La Constituyente Chavista que elegirá 545 delegados, se llevará a cabo en medio de una grave crisis política y económica, y de las protestas contra el gobierno de Maduro que dejan más de un centenar de muertos en cuatro meses. Manifestaciones que se agudizarán esta semana con el llamado a un boicot cívico contra la Constituyente.

El paro nacional de 48 horas fue convocado por la oposición para protestar, además, por el arresto de Ángel Zerpa, uno de los 33 magistrados nombrados para una corte paralela por parte de la Asamblea Nacional. En un nuevo desafió a la Asamblea Nacional Venezolana Maduro amenazó, en alocución televisada, con detener a todos los magistrados elegidos: “esta gente que nombraron, usurpadores que andan por ahí. Todos van a ir presos, uno por uno, uno detrás de otro. Todos van a ir presos y a todos les van a congelar los bienes, las cuentas y todo, y nadie los va a defender”.

Y fue más allá al decir que si las elecciones fueran hoy el Chavismo volvería a ganar las elecciones presidenciales. Si así fuera por qué en lugar de votar la Constituyente que pretende perpetuarlo en el poder mediante la redacción de una Constitución ajustada a su medida dictatorial, convoca a elecciones generales.

Se trata de un mecanismo ciertamente popular pero ilegitimo como quiera que en el plebiscito del 16 de julio el 98% de los votantes le dijeron no a la Constituyente. Los candidatos Maduristas proponen entre otras cosas elevar a rango constitucional la lealtad a la revolución, la congelación de precios y el poder de las "comunas" sobre alcaldías y gobernaciones; dotar a los consejos comunales de poder de decisión sobre la producción de las fábricas y establecer tribunales populares para juzgar a los políticos son algunas de las propuestas de los candidatos. Sin duda es afianzar el Socialismo del siglo XXI.

Para sumarle un nuevo ingrediente a la polarización en Venezuela fue revelada una encuesta en la que el número de venezolanos que está en contra de ese proceso va en aumento. La encuesta flash de la firma Datanálisis publicada en el portal web ProDavinci, señaló que un 83,4% de los venezolanos considera innecesario modificar la Constitución de Venezuela de 1999, un 66,5 por ciento la rechaza y un 73 por ciento preferiría ser convocado a unas elecciones generales.

El 16 de julio la Mesa de la Unidad Democrática, MUD logró una victoria contundente pero no suficiente. Y no lo es porque el régimen de Maduro desconoció los resultados, con lo cual mantuvo la convocatoria a la Constituyente y porque, aunque se trató de un mecanismo de participación ciudadana basado en la propia constitución venezolana, las autoridades electorales chavistas, tampoco validaron el proceso.

Internamente sucedió lo que estaba previsto, una victoria del plebiscito simbólico y un régimen que desconoció los resultados. Pero más allá de lo que sucedió dentro de la propia Venezuela, no hubo una reacción de la comunidad internacional que validara lo sucedido y ejercer una presión real frente a Maduro y su gobierno.

Aunque el presidente de EEUU, Donald Trump y la alta representante de la Unión Europea, Federica Mogherini, amenazaron con aplicar "fuertes medidas económicas" contra Venezuela si se impone la Constituyente, esto no ha sido suficiente como tampoco el rechazo que han expresado la OEA y varios países de la región.

Es el momento de tomar medidas reales y contundentes. La comunidad internacional no pude seguir pasando de agache ante la situación. La oposición no debe seguir sola en este esfuerzo por recuperar la democracia y devolverle la grandeza a la Venezuela que hace unos cuantos años era una potencia en América Latina. 

martes, 20 de junio de 2017

Radicalismos peligrosos

Lo sucedido con el atentado terrorista en el Centro Comercial Andino desnudó nuevamente lo que somos como colombianos. Desde hace unos cuantos años el país está dividido entre Uribistas y Santistas, entre los amigos de la paz y los enemigos de la paz, entre la derecha y la ultraderecha. Los términos medios desaparecieron en esta absurda visión de lo que sucede a nuestro alrededor.

En lugar de una solidaridad frente al acto criminal, las redes sociales se inundaron de mensajes de odio por parte de uno y otro bando, no se salvó ninguno. Sin importar quien arrancó con la andanada de odios las redes sociales se llenaron de mensajes en contra o a favor del gobierno, en contra o a favor de los uribistas.

Da tristeza que apenas se conoció sobre lo ocurrido, con los heridos apenas llegando al hospital, con el balance parcial de personas fallecidas y sin que las autoridades tuvieran la certeza de los autores del atentado, el país ya estaba en una discusión absurda. Las redes se iban llenando de palabras en las que se destilaba toda la pobredumbre posible.

Hubo quienes pidieron de inmediato la renuncia del Presidente Santos y adelantar las elecciones previstas para mayo del próximo año. Otros acusaron al gobierno de ser responsable como efecto de las negociaciones de paz con la guerrilla. Unos cuantos más salieron a decir que fue la ultraderecha y se atrevieron a señalar que era una acción con el sello del expresidente Uribe.

Y así se nos fue pasando la tarde noche del sábado, cientos de mensajes, miles de palabras con culpas ajenas y la solidaridad quedó en un segundo plano. Lo importante culpar a alguien o presumir quien era responsable. Nos olvidamos de las tres mujeres que murieron y de los heridos. Lo importante era utilizar políticamente el hecho. Volvió a salir lo que somos desde hace unos cuantos años: amigos o enemigos de la paz.

Aunque  hasta el momento no se sabe quién o quiénes fueron los autores del atentado criminal, el Presidente Santos ya ha hablado de indicios serios de los responsables. Esperamos que pronto se conozcan los resultados de las investigaciones, que quienes lo cometieron sean capturados, pero sobre todo que la verdad, sea cual sea, no sea utilizada políticamente. Lo importante es que estos hechos no queden en la impunidad.

El espectáculo en las redes sociales fue deprimente, los dos bandos en que se encuentra dividido el país quisieron sacar réditos propios y mientras tanto los que no pertenecemos a uno u otro quedamos a la espera de que los familiares de las víctimas y la sociedad entera tengamos pronto los resultados de las pesquisas y una respuesta concreta sobre quienes fueron los responsables de tan lamentable hecho.

Lo que sí es claro es que un hecho terrorista como el del CC Andino merece todo el repudio. No es posible que personas inocentes se sigan convirtiendo en víctimas del absurdo y la locura de unas mentes perversas. En eso no puede haber términos medios. Deberíamos unirnos como nación, repudiar lo sucedido y exigir acciones concretas para castigar a los responsables.

A quienes han cuestionado las negociaciones de La Habana no se les puede calificar de enemigos de la paz; a quienes respaldan los acuerdos no se les puede calificar de amigos del terrorismo. Ni lo uno ni lo otro. No todos los que se han opuesto ni los que han apoyado los diálogos son militantes de algún partido o movimiento político. Muchos de los que votaron SI o NO en el plebiscito por la paz lo hicieron por convicción personal. De manera que matricular a alguien como amigo o enemigo de la paz es un despropósito.



Todos tenemos derecho a opinar o a tener una posición distinta sobre lo que sucede en Colombia, pero por eso no ser descalificados. Los radicalismos peligrosos deben ser rechazados; las diferentes ideas y opiniones deben ser respetadas.



Caricatura: Betto 
(El Espectador)

miércoles, 7 de junio de 2017

Crimen atroz

El caso del médico Fabián Herrera Merchán no puede terminar en una fría cifra en las estadísticas de los índices de homicidios en Bogotá. La ciudadanía exige claridad sobre lo que sucedió porque existen muchas dudas sin resolver y porque los responsables deben pagar por este crimen.

Si bien en 2016 los homicidios se redujeron un 6% y en los primeros cuatro meses de 2017 han caído un 9.1% según el Distrito, siguen sucediendo casos que conmueven y nos debe llevar no solo a la reflexión sobre lo que sucede en la ciudad sino que se deben pedir resultados en las investigaciones para que no queden en la impunidad.

Existen muchas inquietudes sobre lo que sucedió en la madrugada del martes 30 de mayo cuando el médico Herrera Merchán abordó un taxi después de salir de un sitio de rumba en la zona T y que pasó los siguientes cuatro días cuando fue hallado su cuerpo sin vida envuelto en dos costales plásticos, sin ninguna de sus pertenencias en un paraje desolado  en la calle 81 sur entre carreras 11 y 12, en el sector boscoso del barrio Compostela Tres, de la localidad de Usme.

Todo parece indicar que se trata de un caso de paseo millonario como quiera que en uno de los seis videos recopilados por las autoridades de las cámaras de seguridad en ese sector de la zona T calle 85 con carrera 15 “se observa que el médico sale del sitio caminando, por sus propios medios, no tambaleante. Las mismas imágenes muestran cuando dos personas se le aproximan y cruzan con él unas pocas palabras”.

Las imágenes permitirían señalar que el médico Herrera fue víctima de una dosis concentrada de escopolamina que pudo haber sido fatal al combinarse con el alcohol que la víctima había tomado en la fiesta en la zona T.

Rastreadas las cuentas bancarias se estableció que durante el amanecer del martes y en el transcurso del día no hubo retiro de dinero lo que llevaría a concluir que no les alcanzó a dar el número de sus claves a sus victimarios por los efectos de la intoxicación. Esa sería la razón por la que la hora de la muerte reportada por Medicina Legal se fijó en la mañana del jueves, 48 horas después de la desaparición.

 ¿Qué pasó en los días siguientes a la desaparición? Las autoridades tratan de encontrar el sitio donde los delincuentes lo mantuvieron secuestrado y donde habría falleció. La casa está en el sur de Bogotá y el cuerpo fue movido en la madrugada del viernes, cuando los criminales lo arrojaron a una cuneta.

Estamos frente a un concurso de delitos que se habrían cometido contra el médico Herrera comenzando por el de secuestro extorsivo, homicidio agravado y hurto.

De acuerdo con el Artículo 169 del Código Penal: “El que arrebate, sustraiga, retenga u oculte a una persona, con el propósito de exigir por su libertad un provecho o cualquier utilidad, o para que se haga u omita algo  incurrirá en prisión entre 26 años 6 meses a 42 años. Igual pena se aplicará cuando la conducta se realice temporalmente en medio de transporte con el propósito de obtener provecho económico bajo amenaza”. Entre tanto el Articulo 103 del Código Penal prevé que “El que matare a otro, incurrirá en prisión de 17 años 3 meses a 37 años 5 meses”. 

Reclamamos respuestas a las dudas que se mantienen en torno a este caso. Se debe pasar de la indignación y la simple estadística a la acción. Se necesitan resultados concretos de las autoridades para que los autores de este crimen vayan a cárcel. Se requiere claridad sobre si este hecho fue cometido por una organización criminal dedicada al paseo millonario que opera en la zona T.


Hoy tenemos una familia de luto sufriendo por el crimen del médico Herrera Merchán, mañana podríamos ser nosotros o nuestros allegados. La información ciudadana es vital para esclarecer este y muchos otros homicidios. El llamado es a la colaboración con las autoridades para que los responsables paguen por sus delitos. 


Fabián Herrera Merchán

lunes, 22 de mayo de 2017

Sí al Voto obligatorio

El Gobierno Nacional no incluyó en el proyecto de Reforma Política, que hace parte de la implementación del Acuerdo de Paz con las Farc, el voto obligatorio.

El Ejecutivo no acogió la recomendación de la Misión Especial Electoral para que a partir de las elecciones nacionales de 2026 entrara en vigencia el voto obligatorio como un mecanismo para combatir la abstención que bordea el 60% así como para fortalecer la democracia participativa.

Aunque la propuesta no fue incorporada en la iniciativa legislativa, que será tramitada mediante el sistema de Fast Tack, creo que debe ser retomada. Recientemente la Corte Constitucional consideró que la condición que había puesto la norma y que establecía que "los proyectos de ley y de Acto Legislativo solo podrán tener modificaciones siempre que se ajusten al contenido del Acuerdo Final y que cuenten con el aval previo del Gobierno Nacional" no se ajusta a la Carta Política Colombiana.

El Alto Tribunal tampoco encontró ajustado a la norma Constitucional que  "en la comisión y en las plenarias se decidirá sobre la totalidad de cada proyecto, con las modificaciones avaladas por el Gobierno Nacional, en una sola votación", es decir que se podía votar en bloque.

Al abrirse la puerta a una amplia discusión de las proposiciones que presenten los Congresistas en la discusión de los proyectos vía Fast Track y teniendo en cuenta que el voto obligatorio fue una recomendación de la Misión Especial Electoral que nació de los Acuerdos de Paz para procurar una reforma estructural del sistema electoral del país, es el momento para retomar el tema.

Colombia es uno de los pocos países de América Latina donde el voto no es obligatorio. Ya funciona en Argentina, Bolivia, Brasil, Ecuador, Honduras, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana y Uruguay. Otras naciones del área también están en camino de poner en vigencia una medida similar.

Antes de implementarlo, en el 2026, se debe adelantar una campaña agresiva de pedagogía durante los próximos 9 años “que cree conciencia sobre el voto como un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento”. Adicionalmente se debe acoger la recomendación “para aplicar sanciones de tipo pedagógico durante el periodo transitorio hasta las elecciones nacionales de 2026 -coincide con los tiempos propuestos por “el Acuerdo de paz entre Gobierno de Colombia y Farc para terminar el conflicto y construir una paz estable y duradera”.

“A partir de las elecciones nacionales de 2026, se deben aplicar sanciones a quienes, sin justa causa, incumplen su deber. Estas sanciones podrán ser de carácter pecuniario (multas), y/o pérdida de beneficios e inhabilidades para ejercer cargos públicos o contratar con el Estado, como en otros países de la región que contemplan el voto obligatorio”, señala la propuesta que debería ser retomada por el Congreso de la República.

No se puede perder esta oportunidad porque junto  al voto obligatorio se arrastra el voto en blanco que también es necesario reglamentarlo, fortalecerlo y ponerlo en funcionamiento como un derecho ciudadano que tenga validez. La propuesta de la MEE prevé reformar el parágrafo 1º. Del artículo 258 de la Constitución, que posibilita al voto en blanco para invalidar elecciones, para los casos en que obtenga más votos que el candidato o la lista más votada según el tipo de elección.

Lo que se necesita, en realidad, es una norma permanente que combata la abstención, crear conciencia sobre la necesidad de votar y no mantener la queja permanente por malos gobiernos o malos concejales, diputados y congresistas.

Con el voto obligatorio se afianzaría una propuesta ciudadana que ha venido creciendo en las últimas elecciones: el voto en blanco. Este si sería realmente un voto protesta y dejaría ver reflejada una realidad: el descontento de los electores. Habría legitimidad del voto en blanco y no como sucede actualmente.

Con el establecimiento del voto obligatorio deberían acabarse los estímulos a los electores porque corresponderá a los ciudadanos cumplir con un deber constitucional, en cambio sí, establecer las sanciones administrativas a que haya lugar por su incumplimiento.


lunes, 27 de febrero de 2017

Tira y afloje



No han terminado de sentarse a la mesa de negociaciones de paz entre el gobierno y el Eln y, las partes, ya entraron en una etapa de tira y afloje, en una especie de medición de fuerzas en el que el único perjudicado es el pueblo colombiano. En este caso por la  exigencia de un cese del fuego.

Basta recordar que la demora en el inicio de estos diálogos se produjo por otro tire y afloje, en aquella ocasión, por la liberación del excongresistas Odín Sánchez. Esa exigencia loable tuvo en vilo el proceso porque según el ELN no era condición sino era producto de diálogos en la mesa. http://www.sincandado.com/2016/05/exigencia-tardia.html


Independientemente de lo que haya sido, finalmente los delegados del Gobierno Nacional y del ELN están en Ecuador en el inicio de un segundo ciclo de conversaciones. Pero ahora hay otra talanquera. El proceso está en riesgo nuevamente. Los atentados terroristas en Bogotá y en la vía al llano, que se adjudicó el ELN pone sobre el tapete otra discusión no menor. http://caracol.com.co/emisora/2017/02/27/bogota/1488172873_770023.html

Quedamos entonces frente a una gran disyuntiva: Cese unilateral del fuego, cese bilateral del fuego o negociar en medio del conflicto.

Una vez el grupo guerrillero reconoce la autoría de estos atentados el negociador del gobierno Juan Camilo Restrepo Salazar escribió en su cuenta de Twitter “Si el ELN cree que con actos terroristas como el de la Macarena (cuya autoría ahora reconoce con cinismo) va a presionar un cese al fuego. Esta muy equivocado. El cese al fuego se alcanzará cuando el ELN comprenda que a él se llega desescalando, no escalando el conflicto”.

El Ministro del Interior, Juan Fernando Cristo refuerza la tesis gubernamental “Se equivoca en forma grave el ELN. Con atentados contra ciudadanos y fuerza pública no se llegará a cese al fuego. Se pone en riesgo la mesa. La violencia del ELN genera con razón desconfianza e incredulidad entre los colombianos en su verdadera voluntad de paz”.

Así las cosas, hay una exigencia válida que respalda la sociedad NO más atentados terroristas, no más muertos por causas asociadas al terrorismo. Válida esa solicitud. Sin embargo, frente a estas declaraciones hay un pero enorme que vale la pena analizar. No se trata de justificar ninguna acción que va en contra de la sociedad. A lo dicho por los funcionarios gubernamentales el ELN respondió: “El Gobierno de Juan Manuel Santos puso tres condiciones para establecer diálogo con el ELN, recordamos: 1. Diálogo Directo 2.Diálogo en medio del conflicto y 3.Diálogo por fuera de Colombia. Desde un inicio el ELN ha propuesto el cese bilateral”.

Volvemos al dilema: Qué es lo que se exige en realidad y que se pactó para el inicio de los diálogos. El punto 2 de las condiciones dice que se negociará en medio del conflicto, es decir en medio de los secuestros, los atentados terroristas, de la extorsión. Todos estos actos son repudiables y deben ser rechazados. No queremos que la sociedad los siga sufriendo, pero fue lo que se acordó. Entonces ¿Por qué no pensar mejor en un diálogo con cese bilateral del fuego? Un cese bilateral verificable y que permita que cualquier violación del mismo sea respondida con las fuerzas legitimas del Estado.

Claro que hay que exigirle al ELN que deje de atentar, que deje de secuestrar, que deje de extorsionar pero mientras esté abierta la puerta de negociar en medio del conflicto se le está permitiendo hacerlo. La sociedad reclama que todas esas acciones terminen pero no dejemos resquicios.

Es menester respaldar al Gobierno Nacional en esa exigencia, ni más faltaba, pero ¿Por qué no cerrar la puerta definitiva a que se repitan hechos como el de La Macarena o el de la vía al Llano?

Dejar ese tire y afloje y lograr acuerdos definitivos que consolide la paz en Colombia es lo que se pide.