Y las víctimas de las farc?

El gobierno anunció que invertirá 6.3 billones de pesos el próximo año para atender la aplicación de la Ley de Víctimas, que tendrá 10 años para su ejecución y que demandará recursos totales por 62 billones de pesos.

Para el 2013 se destinarán 1.4 billones de pesos para salud,  1.1 billones para educación, 1.1 para atención humanitaria, 662 mil millones para la indemnización de las víctimas, 580 mil millones para vivienda, 283 mil millones para la restitución de tierras, 273 mil millones para capacitación de las víctimas de manera que puedan ingresar al vida productiva del país y 67 mil millones para que las personas puedan regresar a sus tierras de donde fueron despojadas.

Si bien es un buen anuncio porque demuestra el compromiso del Estado para atender a quienes sufrieron el rigor de la acción de las llamadas autodefensas u organizaciones paramilitares, (se habla de más de 720 mil colombianos) quedan en el ambiente varias preguntas.

1.      Esos recursos provienen únicamente del bolsillo de los colombianos vía los impuestos que pagamos por diferentes conceptos?

2.    Qué pasa con la responsabilidad que, de acuerdo con la ley, deben asumir los victimarios vía reparación integral a quienes desplazaron, a quienes dejaron huérfanos o viudas, a quienes sufrieron la muerte violenta de padres o madres, y las demás víctimas de la acción de estas organizaciones?

3.    Le corresponde únicamente al Estado adquirir predios para la restitución de tierras?. No es obligación de los victimarios que despojaron millones de hectáreas devolverlas a sus legítimos dueños?

Estas preguntas deben ser respondidas para que los colombianos podamos creer que el proceso de reparación a las víctimas es serio y responsable. Si bien el Estado asume unas obligaciones, qué pasa con quienes fueron los responsables por su acción armada de asesinatos, despojos de tierras y desplazamientos?

Y es que si no hay claridad aún en este proceso, qué podemos esperar cuando culminen las negociaciones de paz con las farc?. Como victimarios también deberán reparar a las viudas y huérfanos, así como a los secuestrados y a sus familias y devolverle a sus legítimos dueños sus tierras.

Así las farc pretendan decir hoy, antes de iniciadas las conversaciones en Oslo, que la ley está mal diseñada, la norma tiene claramente definidos cuales son los compromisos que adquieren los victimarios y más cuando tienen que demostrar claramente que quieren incorporarse a la sociedad y recibir el perdón de los colombianos.

Si no es así, queda demostrada nuevamente la falta de voluntad de esta guerrilla por encontrar la paz y de entrar en un proceso de reconciliación.

Antes que pensar en un espacio en la política colombiana y en otros beneficios previstos en el Marco Legal para la Paz, lo que se debe pedir en Oslo, Noruega y en la Habana, Cuba, es que no sigan con el terrorismo.

El Gobierno Santos tiene ante sí un enorme reto. No sólo hacer creible el proceso de paz en ciernes, sino exigir desde el comienzo compromisos reales como el cese del fuego, acabar con el secuestro, con la extorsión y sobre todo que las víctimas de su accionar durante 50 años sean debidamente reparadas y le pidan perdón al país por el baño de sangre en que lo sumieron.