Desvalorización
La
indignación y el descontento ciudadano por el cobro del impuesto de
valorización ha generado una oleada de
protestas contra el gobierno Petro, quien se justifica diciendo que este fue
aprobado por el Concejo de Bogotá no bajo esta administración.
La
protesta ciudadana se deriva no sólo por el escandaloso aumento del cobro del
impuesto, sino porque las obras no se ven y la gente se siente asaltada en su
buena fe, porque anteriormente han hecho el pago de sus obligaciones, pero no
se ve reflejado en nuevas vías o en el mejoramiento de su entorno.
Cobros
de 40 millones de pesos en estratos altos o de 4 o 5 millones en estratos bajos
en valorización, ha desencadenado la protesta que hoy tiene en vilo el pago de
esta obligación. Si bien no fue aprobado en este gobierno, sí le correspondió
a este la liquidación y, por lo tanto, un cobro escandaloso sobre el cual si
debe responder la administración Petro.
No
hay que pasar por alto las denuncias que hizo Noticias Uno hace unas semanas,
según la cual, el IDU, encargado de
preparar el cobro de valorización de la ciudad, firmó más de 390 contratos con
diferentes proveedores para saber cuánto valía ese tributo. Extrañamente el sistema arroja que al menos
tres de estos contratos fueron hechos para el municipio de Baranoa,
departamento del Atlántico, a más de 1.000 km de Bogotá. Por ejemplo, uno de
ellos está suscrito a nombre de Jinna Marcela Serrano Saavedra por un valor de
12 millones de pesos”. http://noticiasunolaredindependiente.com/2013/02/10/noticias/contratos-valorizacion/
Hasta
el momento no hay completa claridad sobre la forma como se hizo la contratación
para definir el monto real a cobrar por valorización, como tampoco que va a
suceder con el pago de esta obligación, teniendo en cuenta que se acerca la
fecha para el primer plazo.
La
protesta ciudadana está plenamente justificada y la administración Petro está
en mora de buscar una solución. No puede ser simplemente paguen y después
reclamen, porque se sabe de antemano que, en algunos casos, no se atiende la
reclamación o simplemente no hay devolución del dinero. Quien le responde
entonces a los ciudadanos?
A
la discusión del cobro del impuesto de valorización hay que añadirle un
ingrediente mencionado con anterioridad. Para qué se paga si no se ven las
obras?. Para qué se paga si la corrupción se queda con un alto porcentaje de
los impuestos pagados? Basta recordar con algo de rabia el caso del
transmilenio por la 26 y la décima.
Algunas
cifras no dejan que se supere el pesimismo. Según un análisis en el primer
semestre del gobierno de Samuel Moreno se rehabilitaron 388 kilómetros de vías,
mientras que en el mismo período del gobierno Petro solo se rehabilitaron 46 kilómetros. Con ese
panorama la gente tiene el derecho de dudar sobre si lo que paga en impuestos
se va a ver reflejado en obras y la administración tiene que generar confianza
en los ciudadanos, no solo que estas se harán sino que se cobrará lo justo.
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