La
ciudad pasó de la euforia de unos y la rabia de otros por la decisión de la
Procurador Ordoñez, al garete jurídico por los ires y venires de las decisiones
disciplinarias y judiciales, así como por las interpretaciones de unas y otras.
Ratificada
la destitución del Alcalde Petro y su inhabilidad de 15 años comenzaron de
inmediato las celebraciones de unos y el rechazo de otros, acompañado de miles
de interpretaciones que daban los expertos a través de los medios de
comunicación, cada cual sustentado en las mismas normas.
Bogotá
quedó en medio de las leguleyadas y las interpretaciones acomodadas de la ley.
Prácticamente la ciudad quedó en el limbo.
Ante la
destitución ratificada surgieron entonces preguntas como qué pasa si el presidente Santos confirma decisión
de Petro y luego la CIDH dicta medidas cautelares, la Registraduria convoca a
revocatoria?
Qué pasa si la CIDH dicta
medidas cautelares antes de destitución definitiva por presidente Santos, la
registradurìa convoca entonces a la revocatoria?
El registrador dijo que
ante la decisión del Procurador y tras la firma del Presidente Santos ya no
habría revocatoria y se suspendería de inmediato la convocatoria a las urnas.
Muchas teorías al
respecto, ninguna tesis coincide y el escenario un poco oscuro.
Dudas y más dudas. Los
expertos en abierta contradicción. Nadie sabía qué camino era el cierto. La
ciudadanía dividida y Bogotá perdida en la penumbra de las dudas, el gobierno
distrital aún en veremos por cuenta de una decisión y, peor aún, sin la
claridad legal para determinar el camino cierto.
Y para agregarle un nuevo
elemento a este caos jurídico, el magistrado de la Sección Segunda del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, José María Armenta suspendió el fallo del Procurador
Ordoñez.
Con esa decisión la
ciudad pasó de nuevo a la euforia de unos y la rabia de otros y la
incertidumbre volvió al escenario. Y los expertos nuevamente salieron a
confundir a la ciudadanía porque con las mismas normas mantuvieron sus
diferencias conceptuales.
Y como
si esto fuera poco, surgió un elemento nuevo que pone en entredicho la decisión
del magistrado o por lo menos se genera una discusión sobre su imparcialidad.
La esposa del magistrado Armenta es una alta funcionaria de la Empresa de
Acueducto, la misma entidad que está en medio del escándalo de las basuras, que
produjo la destitución del Alcalde Petro.
Para
cerrar este espectáculo jurídico el registrador ante el nuevo escenario anunció
mediante un comunicado que entonces el proceso de revocatoria revivía y seguiría
su marcha.
Definitivamente,
Bogotá al garete jurídico.
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