Manzanas podridas

Una protesta legítima que termina en actos de vandalismo y en utilización política, perjudican el derecho de expresarse libremente contra hechos que afectan gravemente a la sociedad que tiene una protección constitucional a manifestarse y a exigir explicaciones.

 

La muerte de Javier Ordoñez demandaba ciertamente una respuesta de las autoridades involucradas. Hubo un exceso policial en un procedimiento que debió terminar simplemente con una persona reducida y conducida, pero lo que vimos sobrepasó los limites de una acción legal de la fuerza pública y terminó con la vida del afectado. https://youtu.be/rGqOjxqqzT4

 

Ciertamente hubo algo más que esa acción que vimos los colombianos. Lo sucedido en la calle fue una parte, lo que pasó después es lo que se debe aclarar, porque la sociedad merece una respuesta. Lo que se pide es la verdad. No saberla mina la confianza ciudadana sobre la justicia y, más aún, sobre la Policía Nacional.


Nos llegó la hora https://bit.ly/32Eorcz

 

De hecho, la más interesada en que se sepa lo que sucedió debe ser esa institución. El retiro de los dos uniformados directamente responsables en el procedimiento es un paso adelante en esa necesidad de aclarar los hechos. Y también lo es que los demás miembros de la policía que estuvieron en el CAI de Villa Luz, al noroccidente de Bogotá, esa madrugada del 9 de septiembre, colaboren con la justicia para que se sepa la verdad.

 

Pero la indignación por la muerte de Javier Ordoñez se convirtió en una nueva demostración de que los colombianos, frente a la necesidad de unirnos para reclamar respuestas, pasamos del legítimo derecho a la protesta a dejarnos llevar por la utilización politiquera de esos casos que generan indignación.

 

El llamado a una protesta pacífica con una velatón que hizo la familia de Javier Ordoñez (que se vio obligada a realizarla en la intimidad con sus allegados y amigos en el conjunto residencial donde viven) fue desatendido y lo que vivió Bogotá esa noche y las dos siguientes, fue un aprovechamiento para la destrucción con la intensión de generar caos y zozobra.

 

El resultado de esos desmanes, 10 personas muertas y 484 lesionados, entre ellos 194 policías. No podemos pasar por alto los daños a la infraestructura CAI, buses del sistema Transmilenio, establecimientos comerciales, bancos, entre otros, destruidos. Delincuentes se apoderaron de un bus del SITP y en su huida asesinaron a una mujer en la localidad de Suba. Otros antisociales se aprovecharon de la situación para atracar. https://youtu.be/FytL-vlVtEA. El vandalismo se apoderó de las protestas.  



¿Paz estable y duradera?  https://bit.ly/3gn7Peg


Las investigaciones deben determinar las circunstancias y determinar quienes ocasionaron esas 10 muertes. Son vidas que se cegaron en medio de unas protestas que se salieron de control y que, en muchos casos, fueron instigadas por sectores que, una vez más, ven en el legítimo derecho a la protesta un aprovechamiento político. A ellos también le cabe una responsabilidad.


Salir a la calle y protestar están protegidos constitucionalmente. Destruir y sembrar el casos, están penalizados judicialmente. En este país de contrastes hay quienes creen que generar caos es la única manera para ser escuchados, mientras se pierden vidas inocentes que lloran sus familias.

 

Los excesos policiales deben ser investigados y castigados. Las voces que quieren sembrar anarquía y zozobra deben ser investigadas y castigadas. Las manzanas podridas no pueden ser aceptadas en la sociedad.



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